El viernes 20 de octubre en Montevideo, un avión apareció en los radares de la Fuerza Aérea en la zona de Migues y provocó un nivel de alerta.

La FA Uruguaya puede derribar un avión  si es necesario?


La aeronave había ingresado al espacio aéreo uruguayo desde el este y mantenía rumbo hacia el oeste. Pero, a diferencia de la amplia mayoría de los aviones que sobrevolaron el territorio uruguayo entre el 18 y el 20 de octubre, ese avión no había adoptado el protocolo que exigía el Plan de Defensa Aérea que fue establecía una zona de vuelo prohibida para aeronaves y drones en un radio de 3,6 kilómetros con centro en la Plaza Independencia donde se realizaba la Conferencia Mundial de la OMS.

Además dispuso la obligación de presentar un plan de vuelo y la utilización obligatoria del equipo de comunicación transponder para todas las aeronaves que volaran en un radio de 108 kilómetros del aeropuerto de Carrasco.

El avión no había tomado en cuenta ninguno de esos requisitos: no tenía plan de vuelo, en ningún momento estableció contacto, no tenía transponder, había violado las Notam (instrucciones de vuelo) e ingresó en zonas restringidas.

Ante esa situación la Fuerza Aérea puso en marcha el protocolo que suele usar para estos casos. Un avión de la FAU comenzó a seguir a la aeronave infractora y, minutos después, despegó un helicóptero con personal de la Policía Aérea Nacional. Sin necesidad de interceptarlo, el avión aterrizó finalmente en el aeródromo de San José y en ese momento la policía aérea se hizo de la aeronave y la tripulación, que fue remitida a la Justicia y a la junta de infracciones de la Dinacia.

Al aterrizar en el aeródromo de San José, el tema debió ser notificado a la sede judicial de la capital departamental. Pero desde esa dependencia dijeron que el asunto nunca ingresó "por escrito", a pesar de que los informantes conocían el caso en cuestión. La Fuerza Aérea afirmó que el asunto está en la órbita de la Justicia.

Procedimientos de este tipo, en los que un avión de combate despega para responder a una situación irregular, son mucho más usuales de lo que se conocen públicamente y varios de ellos culminan con interceptaciones en el aire, dijeron fuentes militares.

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La normativa nacional establece que cuando se pasa un determinado tiempo sin lograr establecer la identidad de una aeronave que se desplaza por el territorio, la medida por defecto es permitir que aterrice en su destino para que allí actúe la Policía Aérea Nacional. Pero en los casos en los que la gravedad de la falta o la situación lo ameritan, las autoridades competentes pueden ordenar un cambio de alerta que incluye la interceptación.

Al piloto del avión interceptor le ordenan, como primero paso, hacer contacto visual con la nave no identificada. En función del comportamiento y el contexto, los militares uruguayos disponen de un conjunto de alternativas para ejercer las medidas del control del espacio aéreo que incluyen desde el interrogatorio por radio, el desvío de la ruta, la obligación de aterrizar, hasta medidas de coerción previstas en el Código Aeronáutico.

El código establece en su artículo 18 "el derecho al empleo de la fuerza en los casos y circunstancias que establezca la reglamentación". Pero no se especifica qué es lo que compromete el uso de la fuerza. Al no haber una ley de derribo, en los ojos de los militares uruguayos, el código es "ambiguo".

En consecuencia, los aviones Cessna A-37 y los Pilatus PC-7U de la FAU salen a cumplir su misión armados pero son prácticamente impensables los escenarios en los que podrían abrir fuego. Para hacer bajar un avión que comete un ilícito, entonces, se acude a un conjunto de "señas internacionales". ¿Pero qué pasa si ese avión desobedece la orden que se le da? Peor aún: ¿qué sucede si esa aeronave abre fuego contra la aeronave militar uruguaya?

Sin derribo

En Uruguay no existe una ley de derribo, a diferencia por ejemplo de Argentina y Brasil, y por este motivo los pilotos uruguayos no tienen un marco legal que los ampare para derribar a otra aeronave en caso de ser necesario, salvo que sea por "autodefensa" (y aún en ese caso se debería probar el motivo ante la Justicia).

El anterior ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, fallecido en 2016, impulsó en su momento un proyecto de ley que autorizaba a las Fuerzas Armadas a derribar aeronaves que implicaran una amenaza para la seguridad nacional. Huidobro dijo al diario La República en enero de 2016 que la ley estaba redactada y que pretendía llenar un "vacío legal".

La creciente adopción de esta norma a nivel regional, el cambio de las amenazas en el escenario internacional y, fundamentalmente, el uso de aviones como arma por parte de organizaciones terroristas fue lo que llevó al ministro en ese momento a pensar en la necesidad de adoptar esta ley.

Sin embargo, el proyecto nunca llegó al Parlamento y, al día de hoy, Uruguay sigue sin contar con una ley de derribo. Varias fuentes militares y políticas señalaron que el tema no está en la agenda del gobierno.

Desde la Fuerza Aérea se entiende que la legislación vigente es "suficiente e idónea" y afirman que, por el momento, una ley de derribo no es un requisito imprescindible.

Los dos radares tridimensionales que hay en el país (uno en Santa Clara del Olimar y otro móvil) mejoraron ostensiblemente la capacidad de detección y, por ende, de hacer interceptaciones. La incorporación de los sensores radares brinda la capacidad de tener una cobertura nacional y de detectar aeronaves aún cuando el avión no identificado tenga apagado su equipo de abordo. Para los militares estos dos radares aumentaron la capacidad disuasoria que tiene el país.

En todo caso, se supone que el avión no identificado en algún momento tendrá que aterrizar o se quedará sin combustible. Lo puede hacer en Uruguay en donde lo estará esperando un cuerpo de detención. Pero si cruza la frontera las autoridades uruguayas informan a los países limítrofes para que ellos tomen responsabilidad sobre el asunto. Bajarlo por la fuerza es una decisión de otros.

Ejercicio binacional para "aceitar" procedimientos

La Fuerza Aérea Uruguaya participará en ejercicios militares combinados con la Fuerzas Aérea Argentina en el litoral suroeste del país entre el 4 y el 8 de diciembre ( "Ejercicio Río" ) y en el área terminal de Durazno entre el 27 de noviembre y el 1º de diciembre ( "Ejercicio Tanque" ).

El objetivo del ejercicio "Río 2017" es aceitar los procedimientos de intercambio de información entre ambos países y establecer un sistema permanente de cooperación y coordinación para el control de la actividad aérea irregular en la zona de frontera entre ambos países. Para eso se hará una simulación ?con aviones que traspasen la frontera en un sentido y en otro? como si se tratara de un caso de interceptación real.

En tanto, el objetivo del ejercicio "Tanque 2017" consiste en la práctica, calificación y rehabilitación en reabastecimiento de combustible en vuelo de las tripulaciones de la Fuerza Aérea Uruguaya, con el empleo combinado de aeronaves y tripulaciones de las fuerzas aéreas de los dos países.